Guía completa para legalizar instalaciones de placas solares

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Resumen de contenidos

La legalización de placas solares es un paso fundamental en cualquier instalación de energía solar, sea en una vivienda o en una empresa. Si no se realiza correctamente, como puede suceder con empresas no especializadas, pueden surgir problemas legales y técnicos en el futuro.

 

Sigue leyendo este artículo para conocerlo todo sobre la legalización de placas solares: ¿en qué consiste?, sanciones, sus trámites, etc.

Legalizar instalación fotovoltaica: ¿por qué es importante?

Son varios los motivos por lo que es importante legalizar la instalación fotovoltaica, siendo la principal el cumplimiento de la normativa vigente. Según el Real Decreto 244/2019, todas las instalaciones conectadas a la red eléctrica deben cumplir una serie de requisitos técnicos y de seguridad para garantizar su eficiencia y evitar riesgos.

 

Al respetar la normativa, el propietario evita cualquier tipo de sanción económica.

¿Hay alguna excepción en legalizar placas solares?

Las instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red de distribución no están sujetas al Real Decreto 244/2019. Sin embargo, esto no significa que puedan instalarse sin cumplir ningún requisito legal, un error común entre algunos usuarios.

 

Aunque el proceso de legalización es distinto al de las instalaciones conectadas a la red, siguen estando sujetas a normativas como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la normativa urbanística y medioambiental, además de requerir, en la mayoría de los casos, una licencia de obra.

Legalización instalación fotovoltaica: todos sus pasos

Estudio de la instalación

La empresa instaladora evalúa las características de la vivienda o empresa donde se va a realizar la instalación de autoconsumo. En este estudio, se tiene en cuenta la ubicación, la orientación, el estado del tejado, el consumo energético del cliente, entre otros aspectos. Con todos esos datos, se dimensiona la instalación y se obtiene una estimación del potencial de producción de energía solar, el ahorro estimado y el periodo de amortización.

Licencia de obra

Para llevar a cabo la instalación fotovoltaica, es fundamental solicitar la licencia de obra o declaración responsable por obra al ayuntamiento correspondiente. Este trámite puede realizarlo el propietario o delegarlo a la empresa instaladora mediante un documento de apoderamiento.

Ejecución de la instalación

Se lleva a la realidad el dimensionamiento de la instalación, colocando los soportes, paneles solares, conectando el inversor, y este último, al cuadro eléctrico. Deben ser profesionales cualificados los que se encarguen de ello, para que la seguridad y correcto funcionamiento del sistema esté garantizada.

Memoria o proyecto

En función de la potencia de la instalación, se requerirá de una documentación u otra:

 

– Menos de 10 kW, se redacta la memoria técnica, que describe las características principales de la instalación, los componentes, el esquema de conexión, las protecciones eléctricas y las medidas de seguridad.

 

– Más de 10 kW, se elabora un documento más completo, un proyecto técnico. Este, redactado por un ingeniero, incluye el estudio detallado de la instalación, los cálculos, los planos, las especificaciones técnicas de los materiales y el estudio de seguridad y salud.

Boletín de la instalación

A continuación, se debe tramitar el Boletín Eléctrico o Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), que certifica que la instalación cumple con todos los requisitos técnicos y de seguridad según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Solicitud conexión eléctrica

Para instalaciones en suelo no urbano y mayores a 15 kWn, es la empresa instaladora quien abre el expediente y contacta con la distribuidora eléctrica, realizando los trámites de solicitud de acceso y conexión. Se presentan una serie de documentos como el CIE, el certificado de instalación y la licencia de obra del ayuntamiento.

 

En el caso de las instalaciones en suelo urbano y cuya potencia es menor a 15 kWn será Industria quien contacte con la distribuidora.

Registro administrativo

Dependiendo de la Comunidad Autónoma, puede ser obligatorio inscribir la instalación en un registro administrativo.

Trámites para la instalación de placas solares

Cualquier instalación fotovoltaica conectada a la red eléctrica debe estar legalizada en el Ministerio de Industria. Este trámite, que debe gestionar la empresa instaladora, como la nuestra, supone la presentación de una serie de documentos que varía según la potencia, el tipo de instalación (individual o colectivo), el tipo de conexión a la red (con o sin vertido de excedentes, acogida o no a compensación…) y la normativa específica de cada Comunidad Autónoma.

 

En el caso de instalaciones menores a 10 kWn, las más comunes en viviendas, el trámite es más sencillo y se requiere únicamente la memoria técnica, el boletín eléctrico, el certificado de adecuación al RD 1699/2011 y el certificado de puesta en servicio. 

 

Cuando las instalaciones superan los 10 kWn ya no se realiza una memoria técnica, sino que se elabora un proyecto técnico, donde se explique en detalle cómo es la instalación fotovoltaica. Además, se requieren de otros informes como el certificado de dirección de obra firmado por un técnico, entre otros.

Costes asociados a la legalización placas solares

Son varios los factores que determinan el precio de legalización como la potencia de la instalación, la normativa de la Comunidad Autónoma y el margen que aplique la empresa instaladora por la gestión de los trámites. Según habitissimo, que compara las tarifas de numerosos profesionales, para una instalación fotovoltaica de hasta 10 kW su coste está alrededor de los 350€.

 

Con nosotros está todo incluido en el presupuesto fotovoltaico, por lo que no debes preocuparte por el coste de su legalización. Pasándote a la energía solar con nosotros no te llevarás ninguna sorpresa, podrás despreocuparte por completo de todo lo relacionado con tu instalación.

Consecuencias de tener instalaciones solares sin legalizar

Aunque puedas pensar que evitar el proceso de legalización supone un ahorro inicial, a medio plazo los inconvenientes lo superan con creces.

 

Sanciones económicas: no cumplir con la normativa conlleva multas desde los 300€ hasta los 6.000€, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, la conexión ilegal a la red eléctrica podría considerarse una infracción grave.

 

Beneficios económicos: solo las instalaciones legalizadas pueden acceder a la compensación de excedentes, pudiendo reducir al máximo la factura de la luz. Además, es indispensable su legalización para acceder a subvenciones y bonificaciones fiscales, como la deducción en el IRPF o la bonificación el IBI.

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